XVII dictamen del observatorio de la ley de dependencia

LA FAE sigue trabajando en el grupo de la LEY 39/2006 DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

El 10 de febrero de 2017 se hizo púbico este informe “Una vez transcurridos 10 años de implantación del Sistema para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia”. El documento, de 51 páginas, que analiza la situación actual  de esta ley y su aplicación, proporciona unos datos de gran interés y plantea cuestiones de importancia capital para reconsiderar lo que ha sido en la práctica, y puede ser, como ayuda a los enfermos y familias de los enfermos de Alzheimer y otras demencias. El informe ha sido recogido por diversos medios de comunicación, prestando mayor o menor relevancia en el ámbito del  Alzheimer (ver ABC 18-2-2017). En la presentación del informe, el presidente del Observatorio , José Manuel Ramírez, afirmó que “una persona con Alzheimer, o una persona con discapacidad, o problemas de movilidad, está falleciendo por la inacción de la Administración”.

 En este primer comunicado de nuestra webFAE recogemos las Evidencias que recoge el informe y las analizaremos posteriormente.

 

EVIDENCIAS

1. A fecha 31 de diciembre de 2016 había en España 1.213.873 personas en situación de dependencia reconocida y otras 103.238 que estaban pendientes de valoración. Esto significa que el 2,6% de la población necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

2. De todas las personas con dependencia reconocida, dos tercios son mujeres y un tercio son hombres. Más del 70% de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 superan ampliamente el 50%.

3. En este momento el 29% de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia, aun cuando tiene pleno derecho a las mismas. Esto afecta a 348.309 personas y a sus familias.

4. El 35% de las personas desatendidas (122.000), son dependientes con grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado.

5. En los últimos cinco años, se estima en 150.000 el número de personas dependientes con derecho reconocido que causó baja por fallecimiento sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios. Por supuesto que estas personas no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones. Esto supone que diariamente fallecen 90 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios.

6. El recorte acumulado de la AGE en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende a 3.7734 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares.

7. La disminución de la financiación a las Comunidades Autónomas desde julio de 2012 hasta diciembre de 2016 (reducción del nivel mínimo y supresión del nivel acordado), supone ya una cifra acumulada de 2.236 millones de euros.

8. La reducción acumulada de las cuantías de las prestaciones por cuidados familiares desde 2012 asciende a casi 1.000 millones de euros que estas han dejado de percibir.

9. Los recortes supusieron una fase de la parálisis y retroceso generalizado del sistema en el intervalo junio 2012- junio 2015 (fase de demolición del SAAD).

10. Los costes de oportunidad solo por no haber mantenido la ya parca financiación estatal inicial entre 2012 y 2016 se cifran en una pérdida acumulada de 900 millones de euros en recaudación directa por cuotas a la Seguridad Social, IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades y en haber desperdiciado la oportunidad de generar 78.000 puestos de trabajo netos y anclados al territorio. Todo ello sin contar con los retornos inducidos desperdiciados.

11. El coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2016 asciende a 7.116,1 millones de euros, de los cuales las administraciones públicas aportaron 5.670,8 millones. El resto (1.455,3 millones) lo aportan los usuarios en forma de copago regulado, lo que supondría un 20%.

12. Existe otro “copago añadido” soportado por muchos ciudadanos, no regulado y de muy difícil cálculo que se deriva de la utilización errónea de la prestación vinculada al servicio cuando esta no se acompaña de una regulación del mercado de cuidados, de las normas que aseguren el acceso a los servicios y la libre elección por parte del usuario y de una inspección y control públicos adecuados.

13. Del gasto público directo en dependencia en 2016, la Administración General del Estado soportó el 17% y las comunidades autónomas el 83% restante. Muy lejos de la pretendida aportación al 50%.

14. El Gobierno sigue incumpliendo la Disposición Final séptima de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, imposibilitando que los asuntos judicializados en materia de dependencia paren al orden de lo Social. Las personas dependientes y de sus familias se ven abocadas a reclamar sus derechos en la jurisdicción contencioso-administrativa lentos, costosos, farragosos y nada garantistas.

15. Sigue sin evaluarse el impacto negativo de género que puede estar teniendo la feminización de los cuidados en la medida en que estos no son resultado de una libre elección y que las cuidadoras familiares han perdido el apoyo que conllevaban las cotizaciones a la Seguridad Social.

16. Se mantienen las gravísimas desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Es previsible que haya algunas Comunidades Autónomas que no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una inyección financiera específica.

17. El SAAD muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y para la obtención de retornos. En 2016, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 35, y la tasa de retorno es del 39,5%. 

18. Si se atendiera ya a las 350.000 personas en espera –simplemente cumpliendo con la Ley- se generarían más de 90.000 empleos directos.

 

Para más información application/pdf icon XVII dictamen del observatorio de la ley de dependencia

 

Más informacion sobre el trabajo que la FAE esta realizando sobre la "Estrategia en Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud":

 

Visto 597 veces Modificado por última vez en Lunes, 20 Febrero 2017 00:08