Así lo dice en términos más “administrativos”, el Informe del Tribunal de Cuentas que ha fiscalizado la aplicación de la Ley de Dependencia entre 2007 y 2011.

Uno de los factores responsables es la “información defectuosa e incoherente” proporcionada por las Comunidades Autónomas al Estado central en lo que concierne quién es beneficiario de la Ley  y quien no lo es.