La PMP reclama una transición digital accesible que tenga en cuenta los derechos de las personas mayores y de las personas con discapacidad mayores
- La PMP considera que los servicios digitales no han de imponerse obligatoriamente y que, para proteger los derechos de las personas mayores más vulnerables, es necesario establecer un “periodo de transición” en la inevitable digitalización de la sociedad, el cual requiere la coexistencia de la atención presencial y los servicios online, aunque sea temporalmente.
- A este respecto, la Plataforma viene manteniendo en la actualidad una serie de encuentros con representantes de las administraciones públicas ante los que pone de manifiesto los múltiples obstáculos que supone para el colectivo que representa la repentina digitalización de las gestiones en diferentes organismos, al tiempo que les está trasladando su especial preocupación, precisamente, por las dificultades existentes en términos de accesibilidad, usabilidad y estándares técnicos.
Con motivo de la celebración del Día Mundial para promover la Concienciación sobre la Accesibilidad Web, celebrado hoy, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), el movimiento más representativo a nivel estatal (con 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados) para la defensa de los derechos de las personas mayores y pensionistas ante los poderes públicos, privados y el conjunto de la sociedad, quiere recordar a entidades públicas y privadas que la creciente e imparable transformación digital de todo tipo de servicios ha de tener en cuenta a los colectivos más vulnerables, como son las personas mayores y las personas con discapacidad mayores, los cuales a la hora de acceder a dichos servicios se han visto superados en numerosas ocasiones por la imposición de tecnologías a las que no han tenido tiempo de adaptarse.
En este sentido, desde la Plataforma entienden que el proceso de transformación digital de la sociedad es inevitable y no tiene por qué ser perjudicial, al contrario, las nuevas herramientas tecnológicas pueden suponer un empoderamiento para el colectivo de las personas mayores, ya que han demostrado su eficacia combatiendo problemas como la soledad no deseada o el deterioro cognitivo, contribuyendo de esta manera a un envejecimiento más saludable.
De hecho, la utilización de internet está cada vez más extendida entre las personas mayores. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, durante 2021 el 39,1% de las personas mayores de 65 años utilizaron internet diariamente. Aunque este porcentaje se reduce considerablemente conforme la edad es más avanzada y, sobre todo, cuando se trata de entornos rurales, de manera que continúa existiendo una importante brecha digital que excluye a una gran parte de la población.
Para la PMP, la solución pasa principalmente por la no imposición obligatoria de las herramientas digitales como única vía para acceder a las gestiones necesarias en servicios públicos y privados, una imposición que viene produciéndose durante los últimos años y que se ha visto especialmente acelerada durante la pandemia de COVID-19. Para proteger los derechos de las personas mayores, es necesario establecer un “periodo de transición” en la inevitable digitalización de la sociedad, el cual requiere la coexistencia de la atención presencial y los servicios online, aunque sea temporalmente.
A este respecto, la PMP viene manteniendo en la actualidad una serie de encuentros con representantes de las administraciones públicas ante los que pone de manifiesto los múltiples obstáculos que supone para el colectivo que representa la repentina digitalización de las gestiones en diferentes organismos. Además, también les está trasladando su especial preocupación, precisamente, por las dificultades existentes en términos de accesibilidad, usabilidad y estándares técnicos.
Asimismo, la Plataforma también está demandando a la administración la necesidad de un ambicioso plan de formación y capacitación digital de la ciudadanía que preste especial atención a los colectivos más vulnerables en riesgo de “exclusión digital” como las personas mayores, los habitantes de zonas no urbanas que no están muy bien comunicadas o las familias con bajo nivel de renta o que no poseen dispositivos electrónicos ni conectividad.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) nace como un proceso de confluencia de las Organizaciones, Federaciones y Confederaciones de Mayores y Pensionistas más importante del país, con el objetivo de representar al movimiento asociativo de las personas mayores y facilitar la interlocución con los poderes públicos y otros actores sociales.
La PMP ha sido puesta en marcha por Unión Democrática de Pensionistas (UDP), constituida por 50 asociaciones territoriales y 13 asociaciones sectoriales con más de un millón de afiliados; la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), con 25 organizaciones de mayores de las diferentes Comunidades Autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 asociaciones; y por la ONCE, con representación territorial en todo el país, en la que más del 50% de sus afiliados son personas mayores.
Además, como entidad social de referencia, participa el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), con 8.000 asociaciones que representan a 4 millones de personas con discapacidad, de las que más del 60% son personas mayores (2,6 millones). Y, por otra parte, como socio ordinario se ha incorporado también la Asociación CONJUPES (Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de España), con 1.500 asociaciones y 550.000 afiliados. También se ha sumado a la PMP como socio adherido la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), con 1.483 asociaciones y más de 600.000 asociados, de los que un 70% son personas mayores de 65 años (420.000).
