Además los cuidadores familiares, en su mayoría mujeres, pierden las cotizaciones a la Seguridad Social que pagaba por ellas el Gobierno y que les servía para completar periodos cotizados y acceder a una pensión de jubilación.
A los cuidadores se les exigirá de ahora en adelante que convivan con el dependiente si quieren optar a esta prestación, algo que la ley no contemplaba como obligatorio hasta ahora. A esto se le suma el compromiso de aceptar inspecciones en el domicilio, así como una declaración jurada de la renta de la familia del dependiente.
Dos años en lugar de 6 meses
La segunda gran medida que se ha tomado ha sido la ampliación a dos años del periodo en que las comunidades tienen para atender a los dependientes sin generar retroactividad económica, en lugar de los seis meses actuales. Es decir, la Administración puede retrasarse hasta dos años para tramitar el expediente del usuario y concederle la ayuda. Si ésta es una prestación económica, el dependiente no recibirá atrasos por ese periodo. Es un plazo suficientemente amplio para que muchos ciudadanos mueran esperando su ayuda.
Otro de los grandes cambios es el reparto del dinero, que ahora se hará de forma ponderada siguiendo un calendario. Cada año, a partir de 2013 se reservará un porcentaje del dinero total que reparte el Gobierno a las comunidades y se repartirá con otro criterio: se será más generoso con aquellas comunidades que presten más servicios respecto a las que den más ayudas al cuidador familiar. Cada año se ampliará este porcentaje hasta repartir la mitad del dinero con este criterio. Eso sería en cinco años.
Un empuje a los servicios profesionales
El gobierno entiende que con esta medida las familias optarán por los servicios profesionales en lugar de la prestación económica, lo que redundará en creación de empleo y liberación para la mujer. Pero en tiempos de crisis son miles las familias que ayudaban sus economías con esta paga y nadie puede afirmar, porque no hay estudios ni inspecciones para ello, que se les atienda ni mejor ni peor que en residencias. Además, no siempre se trata de una elección personal; a veces se concedía esta ayuda porque la Administración no tenía servicios que ofrecer, ni plazas de geriátrico, ni centros de día.
Tampoco parece que, dada la situación económica vayan ahora a abundar las plazas si no hay mayor inversión, por lo que muchas familias pueden verse sin servicios y con una paga de cuidador reducida en más de un 15% fijado como obligatorio.
